Agosto 2010
Agosto 2010
 

Comercio ilegal, un cáncer que se extiende día a día

La economía ilegal provoca una profunda escisión económica y social

Por Adriana Sánchez E.

La economía ilegal es un fenómeno que se presenta prácticamente en todos los países y sus repercusiones se evidencian no sólo en la economía de los empresarios directamente afectados, sino en el bienestar social, la seguridad pública y el propio desarrollo nacional.

Las prácticas ilegales como la piratería, el contrabando y, en general, el comercio ilegal están rebasando al Estado, por lo que sólo con acciones conjuntas y contundentes entre sociedad, autoridades y legisladores se podrá combatir este fenómeno que ha ido avanzando a pasos vertiginosos.

El comercio ilegal comprende las transacciones de compra-venta que se llevan a cabo fuera del marco legal, donde los productos que se comercializan provienen del contrabando, piratería e incluso pueden ser robados. Usualmente, este tipo de transacciones se realizan en la vía pública por el ambulantaje o puestos semi fijos.

La introducción ilegal de mercancías representa una práctica fraudulenta al evitar los controles de calidad y seguridad que se han establecido para productos y servicios mexicanos. En esta lucha interna por ganar terreno, este fenómeno social atenta contra la planta productiva y laboral del país.

Diversas voces, un mismo reclamo: legalidad

Diversas organizaciones y autoridades han llevado a cabo trabajos en conjunto para combatir el comercio ilegal y la corrupción asociada a éste; prácticas nocivas que deben ser abatidas. Entre los actores que se han sumado para frenar la ilegalidad encontramos los siguientes.

La ilegalidad: gran reto del sector

La economía ilegal representa una competencia desleal para el comercio formal, ya que fomenta el robo, la piratería y el contrabando. Es un sector que nada aporta al gasto público y crece más rápido que el formal.

Vicente Yáñez, Presidente Ejecutivo de la ANTAD, indicó que “la economía ilegal es un fenómeno en el que cada vez participa más gente y, en un futuro próximo, será insustentable tener un país funcional si el comercio sigue siendo el sector donde entran artículos robados y de contrabando, y en el que se descarga la economía gris, es decir, lo que se fabrica en México y no paga impuestos”.

El comercio ilegal contribuye a la desaceleración en el crecimiento de las ventas de las cadenas de la ANTAD, ya que el subsector no estructurado o informal representa 12.1% del valor agregado generado en el total de la economía, según el inegi, ocho veces más que el producto generado por los Asociados de la ANTAD.

Además, con los montos de los recursos totales robados, así como los invertidos en prevención, se podrían ofrecer productos hasta 2.2% por debajo de su precio actual de mercado, mejorando de esta manera el poder adquisitivo nacional.

Por si fuera poco, se ha detectado que existe mercancía robada que se vende a mitad de precio en el comercio ilegal. De acuerdo con cifras de la ANTAD, el monto robado a sus Asociados es de $5,150.3 millones de pesos; mientras que la tasa de crecimiento anual en el robo al sector detallista representa 18.4%. El monto invertido en mecanismos de prevención asciende a $1,043 millones de pesos.

Vicente Yáñez mencionó que las pérdidas que registra el comercio establecido a causa de la ilegalidad se reflejan en estos dos indicadores:

  1. La producción del subsector informal en Comercio, Restaurantes y Hoteles asciende a $349,987 millones de pesos, monto que deja de producir en el comercio formal.
  2. Se estima que en los Autoservicios de haber mantenido el nivel de ventas de Ropa de 1987, se habrían ingresado $13,300 millones de pesos aproximadamente, en 2005.

Entre las acciones que ha implementado la ANTAD para frenar el comercio destacan:

  1. Cartas a gobernadores de los estados de la República Mexicana para poner una alerta al crecimiento del comercio ilegal, donde se solicita incorporar el tema a la agenda de seguimiento, desarrollar un programa permanente para controlar y detener la ilegalidad e impulsar su transición hacia la formalidad económica.
  2. Promoción de reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, presentada por el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz. Reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aún no publicadas en la Gaceta del DF.
  3. Promoción de la iniciativa que reforma la Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal Federal y la Ley Federal del Derecho de Autor. La iniciativa propone cinco aspectos fundamentales para atacar y erradicar la producción y comercialización de productos pirata: 1) Persecución de oficio de la delincuencia organizada que participa en la cadena de producción de artículos pirata. 2) Imposición de sanciones administrativas a los consumidores que adquieran mercancía pirata. 3) Compensación económica al titular de los derechos que son violados por la piratería. 4) Igualación de las penas impuestas a los vendedores ambulantes que violen los derechos de autor o de propiedad industrial. 5) Eliminación de ambigüedades en la ley para una correcta impartición de justicia.
  4. Promoción de la iniciativa que reforma la Ley de Propiedad Industrial para crear las declaratorias tanto de marca notoriamente conocida como de marca famosa, considerando que éstas son los principales blancos de la piratería. Presentada por los diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte.
  5. Solicitud para que la ANTAD forme parte de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal.

¿En picada? ¿Disminuye la ilegalidad?

Debido a la complejidad del fenómeno de la ilegalidad, es muy difícil cuantificar las pérdidas; sin embargo, la gente gasta 15% de su dinero en mercados y tianguis. Los productos que más se consumen son: prendas de vestir (19.7%), juguetes (17.6%) y calzado (17%9), mencionó Adalberto González, Director General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el directivo, el fenómeno se ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo. En 2002, 30% de la ropa que se compraba se adquiría en mercados, tianguis y comercio informal; mientras que en 2004, el porcentaje se redujo a 19.5.

“Esto obedece a que buena parte del comercio en México se ha ido formalizando vía esquemas de expansión por parte de las tiendas de autoservicio y departamentales. Por ejemplo, en metros cuadrados de piso de venta, del año 2000 a la fecha, se tienen crecimientos cercanos a 20%. Además, estas tiendas están llegando, cada vez más, a las zonas que se encuentran más apartadas, donde la población es menor a 100 mil habitantes”, agregó Adalberto González. Tal parece que el escenario planteará que a menor aplicación de aranceles se reduce la explosión ilegal. “En 1985, los electrónicos tenían más presencia en mercados, tianguis y en el ambulantaje. Ahora, siguen ocupando espacio en las calles, pero en menor medida, debido a que las importaciones están libres; así, existe el incentivo de importar pagando legalmente el iva. Sin embargo, en productos como prendas de vestir, juguetes y calzado aún tenemos una protección comercial muy alta, puesto que tienen aranceles elevados, de 35%, y algunos cuotas compensatorias. Esto incentiva a que dichos productos entren por mecanismos fuera del marco legal al país”.

Una de las iniciativas que creó el gobierno federal en marzo de este año es la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Combate a la Economía Ilegal. Sus objetivos son llevar a cabo una revisión a fondo de la forma en que se comercializan los productos en México, así como incrementar y hacer más eficiente la fiscalización de productos, ya que en la medida en que se tenga mayor control en los puntos de venta se ordenará la cadena desde la comercialización hasta la importación.

Buscamos integrarlos a la legalidad

Lorenzo Ysasi, Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), refiere que deben buscarse soluciones con voluntad política para integrar al comercio ilegal a la formalidad.

Las vertientes de solución que propone la Cámara son:

  1. Tener la convicción de orden para el desarrollo de la ciudad; es decir, regularizaciones más claras de los usos de suelo y simplificación de los trámites administrativos para la apertura de un negocio.
  2. Elaborar un Programa de desarrollo económico de la ciudad.
  3. Utilizar plazas y lugares abandonados como centros de integración y disolución del comercio ilegal. Asimismo, dar a los comerciantes incentivos para que se incorporen a la legalidad.

Los sectores más afectados por el comercio ilegal son el textil, higiene y cuidado personal y juguetes. En cuanto a la temporalidad, la época de mayor repunte es la navideña, incrementándose a más de 40%.

El Presidente de la Canaco indica que existen 530 mil comerciantes ambulantes y 181 mil comercios establecidos en el Distrito Federal, siendo la zona del Centro Histórico la más afectada, ya que allí se concentran 25% de todos los ambulantes. La afectación directa al comercio establecido oscila entre 15 y 20 mil empleos al año.

De acuerdo con Lorenzo Ysasi, el gobierno justifica el desarrollo del comercio ilegal como consecuencia de la insuficiente generación de empleos, hecho derivado de la ausencia de una política económica integral que ofrezca oportunidades para el desarrollo de las micro y pequeñas industrias.

La Cámara, en conjunto con el Tecnológico de Monterrey, llevará a cabo un estudio sobre el ambulantaje y mostrará con ello la radiografía de este fenómeno. Los trabajos formales se prevé comiencen a partir de agosto o septiembre.

Atacar el problema de manera integral

La llamada economía ilegal, negra, subterránea, “no registrada o indocumentada oficialmente” es una actividad inherente a nuestra cultura desde las épocas Prehispánica y Colonial, aunque al paso del tiempo ha tenido sus transformaciones.

El comerciante ambulante, durante la década de 1960, se caracterizaba como un trabajador de condición modesta pero dócil, incluso era visto de manera respetable. “Esta concepción se transformó a partir de la segunda mitad de la década de 1970, bajo el gobierno del Presidente López Portillo, cuando el gobierno federal así como el de la Ciudad de México tomaron la decisión, totalmente equivocada, de dejar de construir mercados públicos, aunque fuera obligación y responsabilidad del gobierno el proveer de infraestructura necesaria a los comerciantes para hacer más fácil el abasto y comercio popular”, refirió Carlos Bustamante, Investigador en Estudios de Economía Urbana y Desarrollo Regional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A partir de entonces, la oferta de espacios para que la población pudiera satisfacer sus demandas de adquisición comercial tuvo un campo de acción limitado, comenzando a detonar el problema del comercio ambulante.

Las consecuencias de la economía “no registrada o indocumentada oficialmente” afectan a los comerciantes establecidos en cuanto a reducción de ventas, lo cual repercute en las ganancias para los inversionistas y en la retribución económica al gobierno por la vía tributaria.

El consumidor pareciera “ganar” porque obtiene un precio “más bajo”; sin embargo, también existen serias desventajas, ya que no hay garantía en los productos.

Cuando los comerciantes informales pagan por la expedición de licencias y permisos, los únicos que ganan son los líderes que los acaudillan.

Además, el problema no sólo radica en la generación de más fuentes de empleo, sino en la comparación de ingreso entre la actividad formal e informal. “Esto se observa claramente en el comportamiento social en las calles: en dos o tres horas se gana el doble de lo que se ganaría en cualquier establecimiento, durante la jornada laboral. Mientras no se reconozca que hay un problema estructural de medidas equivocadas en política macroeconómica, las cuales están afectando la economía de las ciudades, seguirá el conflicto de la ilegalidad”, refirió el Investigador de la unam.

Este problema no se atribuye a un solo gobierno y momento determinado, es una tendencia que se ha venido incrementando desde hace 30 años, en la medida en que se han dejado de atender los puntos fundamentales y las necesidades de la sociedad.

En el ámbito político se necesita un cambio para hacer valer las bases jurídicas sobre las cuales está cimentada la actividad comercial en México. De acuerdo con Carlos Bustamante, se requiere impulsar una acción coordinada entre gobierno federal y gobiernos locales para hacer valer una política económica realista que provea espacios públicos y facilidades al capital privado. “Es necesario dejar atrás las medidas oportunistas de formalizar a los ambulantes dejándolos pagar un peso al mes por el permiso de vender en la vía pública, ya que con eso se les está permitiendo hacer uso de un derecho que no les corresponde”.

“Existen vías de solución siempre y cuando avancemos conjuntamente tanto los sectores sociales como los niveles de gobierno. Sólo así, podremos recomponer que el Congreso acepte una reestructuración de la distribución del gasto y darle prioridad a programas como el de construcción de mercados”.

Y aún hay más...

Existen diversos organismos creados para abatir la ilegalidad, tal es el caso de los que a continuación se mencionan:

  • El Instituto para la Defensa de la Propiedad Intelectual y la Economía Legal fue creado por ocho organizaciones del sector productivo (marzo 2006), para hacer frente a la piratería y al contrabando.
  • La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal fue creada por la administración del Presidente Vicente Fox (marzo 2006), con la cual, se dice, su gobierno aplicará la fuerza del Estado en el combate contra la piratería y el contrabando.
  • La Alianza contra la Piratería nació en 1998, bajo la figura de Asociación Civil, con la participación de empresas como: Reebok, Adidas, Disney, Nike, Microsoft y Glaxo SmithKline, entre otras.

Empleo: ¿dónde?

Entre las diversas formas en que se expresa la economía ilegal, la venta en la vía pública o ambulantaje es la actividad que ha tenido mayor crecimiento. Este tipo de comercio se ha “tolerado” porque ha sido visto como una fuente de ocupación para muchas personas que no logran incorporarse a la economía formal; por ello, hay quienes le califican como una economía de subsistencia. Sin embargo, esta alternativa para los sectores menos favorecidos de la población no debe justificarse por sus condiciones socioeconómicas.

Más, ¿cómo andamos de empleo? Por un lado, es comprensible que la falta de fuentes de trabajo cree necesidades insatisfechas, frustración y desesperación; sin embargo, por otro lado, no es permisible ni aprobable que se tomen las calles del país sin ley ni orden.

Como indicadores tenemos los siguientes. El inegi presentó los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) correspondientes al periodo enero-marzo de 2006:

  • La Población Económicamente Activa (pea) del país fue de 43.9 millones de personas, de las cuales, 42.4 millones estuvieron ocupadas, es decir, 96.5%. Seis de cada 10 personas ocupadas lo están en el sector servicios de la economía, tres en el secundario o industrial y una en el sector primario.
  • La tasa de desocupación (td) a nivel nacional se ubicó en 3.5% de la pea, lo cual equivale a poco más de 1.5 millones de personas.
  • Según cifras desestacionalizadas, la td fue 0.05 puntos porcentuales mayor a la del trimestre inmediato anterior.
  • La población ocupada en el sector informal alcanzó 11.8 millones de personas, que constituye 27.8% de la población ocupada; es decir, 254 mil personas menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Si bien, es cierto que el exhorto a sumarse y comprometerse con el comercio legal, la producción de mercancías de calidad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho se han evidenciado en infinidad de foros, discursos, medios de comunicación, demandas sociales, etc., también es una realidad la falta de políticas claras y el cumplimiento de leyes para abatir este mal que tanto daño hace a la economía.

Aunque ya existen iniciativas de reformas a leyes relacionadas contra la lucha a la ilegalidad, e incluso dictámenes aprobatorios a los proyectos de ley, todavía prevalece un vacío para cumplirla. Justo ahí debe ponerse especial atención, ya que la fuerza de la ilegalidad está en todas partes y detrás de ella una red de organizaciones, controladas por partidos políticos, que cobran cuotas diarias que van desde $20 a $50 pesos por ocupar un espacio en las calles.

Así la situación, es realmente ilusorio creer que, en el caso del gobierno del Distrito Federal, se instrumenten óptimos Programas Integrales de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública como lo ha indicado, ya que sólo basta dar un “paseo” al Centro Histórico de la ciudad para constatar la cantidad de ambulantes que invaden calles. Si, según el gobierno, desalienta el crecimiento anárquico del comercio ilegal, ¿por qué existen 530 mil ambulantes en la Ciudad de México y un millón 900 mil en todo el país, como reporta la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México?, ¿por qué existen 60 organizaciones de comerciantes ambulantes en el Centro del DF?, ¿por qué no se tipifica el robo como delito grave en todo el país?, ¿por qué no se aplica la ley?